La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) enfrenta obstáculos legales y burocráticos para resolver las quejas de más de 400 profesores de la SEP que fueron víctimas de un megafraude por parte de financieras, las cuales se quedan hasta con 88 por ciento de su nómina.
Mario Di Constanzo, titular de dicha comisión, dijo a La Razón que el organismo a su cargo tiene 436 expedientes abiertos por créditos de nómina otorgados de manera irregular a profesores, algunos de ellos fueron engañados y otros sufrieron robo de identidad.
Mencionó que hasta la fecha, en 216 casos se han realizado audiencias de conciliación con los representantes de las financieras. Agregó que en 126 casos ya se había logrado la suspensión de los descuentos de nómina; pero hace apenas cuatro semanas, 29 profesores “acudieron de nueva cuenta ante nosotros porque la Secretaría de Educación Pública, sin explicación aparente, reactivó los descuentos”.
Las empresas financieras involucradas en el megafraude a maestros son: Créditos Consupago, Primero Dinero, Crédito Credenz y ADQ Bienes de Consumo Duradero, Famsa.
Del total de personas afectadas que han acudido a la Condusef, en 265 casos hubo robo de identidad, pues la firma de solicitud y parte de la documentación son distintas a las del afectado; pero en otros casos, los docentes fueron engañados por líderes magisteriales, comentó Di Constanzo.
El funcionario explicó que este fraude para robar la nómina de los profesores de la SEP fue posible “por los laxos procedimientos que tienen estas financieras para otorgar los créditos”.
La Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros le otorga a la Condusef facultades limitadas, pues lo máximo que puede hacer es promover conciliaciones y brindar asesoría legal para que los afectados acudan a otras instancias a hacer sus reclamaciones.
De acuerdo con recibos de nómina a los que tuvo acceso La Razón, los descuentos, producto de los créditos “fantasma”, dejan a los maestros con percepciones quincenales de 223, 283 o 311 pesos. El resto va a parar a las financieras o a los bancos con los que éstas trabajan.
Profesores consultados por este medio revelaron que el fraude comenzó hace ya más de un año y aunque ya acudieron a la Condusef y enviaron oficios a la SEP, los descuentos siguen.
“Hace aproximadamente dos meses acudieron profesores, quienes fueron engañados por varios gestores o líderes sindicales bajo el argumento de que la SEP había recuperado un dinero de Elba Esther Gordillo y les iban a dar a estos maestros una especie de bono, y que quien quisiera el bono tenía que anotarse en una lista, dar copia de su credencial y un talón de pago”, explicó Di Constanzo.
“Fueron engañados por líderes sindicales bajo el argumento de que la SEP les iba a dar una especie bono, pero tenían que dar copia de su credencial y un talón de pago”
Una vez entregada la documentación, les argumentaron que les sería depositado el dinero, pero tenían que “mocharse” con una parte para el gestor o líder sindical. Algunos de los profesores sí recibieron el dinero, sin saber que en realidad era un crédito que provenía de dichas empresas financieras.
Pero, en el caso de quienes sufrieron robo de identidad —la mayoría—, nunca recibieron dinero y, en cambio, sí les llegan los descuentos, cuando jamás firmaron documentos ni hicieron solicitud. El titular de la Condusef indicó que el organismo a su cargo detectó que algunos bancos intervinieron en la nómina de los profesores afectados sin su autorización.
Varios de los profesores consultados revelaron que otra forma de hacer el fraude fue a través del programa Bibliotecas Magisteriales, por medio del cual supuestamente los afectados compraron materiales didácticos que ameritan descuentos de nómina.
Mencionaron que el número de afectados es superior al de los 436 que han acudido a la Condusef, pues muchos han preferido acudir por su cuenta con abogados particulares al Ministerio Público, aunque con muy pocos avances.
Los afectados sólo cuentan con los talones de pago en los que se reflejan los descuentos, pero no así la documentación que acredite la contratación de los créditos.