Actualizará Poder Judicial de Michoacán el conocimiento de abogados indígenas en materia de justicia penal oral

Morelia, Michoacán, 27 de febrero de 2019. “Es prioritario consolidar las relaciones con otras instituciones y órganos de la administración pública estatal en los aspectos que mejoren nuestras competencias y atribuciones, a fin de prestar un servicio público óptimo y de calidad”, enfatizó Marco Antonio Flores Negrete, presidente del Poder Judicial de Michoacán.

Lo anterior, en el marco de la firma del convenio con la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, evento que contó con la presencia de los consejeros Rafael Argueta Mora, Armando Pérez Gálvez, Eli Rivera Gómez, así como integrantes de la propia Comisión.

Al emitir su mensaje, el magistrado presidente refirió que la sociedad tiene el derecho de contar con servidores públicos debidamente capacitados y eficaces en el desempeño de sus atribuciones, “ello requiere establecer y consolidar los diferentes mecanismos a través de los cuales las dependencias, instituciones y órganos del estado puedan interactuar entre sí.”

Especificó que en el documento se establecen las bases de la colaboración académica sobre el sistema de justicia penal oral -modelo vigente desde marzo de 2015- que requiere de una constante actualización para los operadores jurídicos, especialmente en las técnicas de oralidad, pues así se garantiza una labor profesional competente.

Durante su intervención, el titular de la Comisión Domingo Santiago Gregorio expresó que con la firma del convenio se contribuye a cumplir con uno de los objetivos de la institución que encabeza, brindar asesoría jurídica a las personas de los pueblos originarios.

Por ello, añadió, buscamos el respaldo del Poder Judicial de Michoacán para ofrecer a los abogados indígenas un curso de actualización sobre el sistema acusatorio adversarial oral. “El apoyo y acompañamiento que recibirán los abogados será de suma importancia, ya que ayudará a hacer efectivo el ejercicio de los derechos humanos de este grupo poblacional”.

El documento establece la difusión y enseñanza de la cultura jurídica; los derechos humanos que confiere la Constitución a las comunidades y pueblos originarios; así como los tratados, acuerdos y convenios internacionales de los que México forma parte.

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