Denuncian exceso de violencia en redadas contra perros en Michoacán

El municipio de Zitácuaro se ha convertido en un peligro tanto para perros de la calle como para los que tienen un hogar, debido a que habitantes y protectores de animales han denunciado la realización de “redadas” nocturnas por parte de autoridades locales, en las que impera la crueldad contra los canes.
Esos operativos se han vuelto una incesante persecución contra los perros, porque incluso el ayuntamiento utiliza personal y unidades de Protección Civil, Bomberos y Policía.
En el estado, la violencia contra animales está tipificada en el Código Penal local, donde se establecen multas y penas de hasta dos años de prisión. Sin embargo, de las 52 denuncias que se presentaron en 2018, sólo cinco casos se judicializaron y de éstos, a uno se le dictó vinculación a proceso al presunto implicado y por ahora está en etapa intermedia.
Pese al marco legal, ciudadanos y animalistas han denunciado que la crueldad contra los animales proviene del Centro de Control Canino (CCC) municipal, sin que dicha dependencia ofrezca una explicación.
Personal del centro canino no permite tomar fotografías o video del interior, porque reconoce que los espacios están en malas condiciones.
Levantados sin control
Zitácuaro está ubicado a 160 kilómetros de la capital michoacana, en la región oriente del estado, colindante con el Estado de México. De este lugar es Emy, una perrita que fue rescatada por un grupo de animalistas para que no fuera sacrificada por autoridades municipales.
El animal tenía un hogar. Los dueños y vecinos afirman que la perrita no es agresiva ni callejera; por el contrario, era cariñosa, juguetona con los niños y una buena madre con sus cachorros.
América Arias García, coordinadora de Seamos Más por los Animales, relata que la hembra fue levantada en una redada nocturna que hizo el Centro de Control Canino (CCC) en diciembre pasado. Por varios días no se supo nada de la mascota; incluso sus dueños acudieron al CCC, donde les negaron que la tuvieran. América y el resto de la asociación iniciaron la búsqueda de Emy y cinco días después descubrieron que el animal sí estaba con la autoridad municipal y tramitaron su liberación.
Pero no todos los casos han tenido suerte. A algunos de los perros domésticos que han sido atrapados por el CCC los han desaparecido sin la debida verificación de que sean callejeros o no.
Mayolo López Carmona, vecino de una colonia al poniente de esa ciudad, afirma “haber perdido una hija”, porque eso era su perra para él. La Negra, un ejemplar de pastor belga, fue capturada en una redada y nunca más la volvió a ver. La desaparecieron, asegura.
Mayolo recuerda que en noviembre del año pasado llegó a su casa por la noche y encontró un documento en el que la autoridad municipal le avisaba que ya se habían llevado a su mascota a la perrera, a pesar de que portaba un distintivo que la identificaba como animal con hogar.
En el documento del municipio, Mayolo fue informado que en cualquier momento podía pasar por su pastor belga al CCC, pero se llevó una sorpresa cuando acudió en las primeras horas del siguiente día.
“Llegué y llevaba el papel, pero me dijeron que ya la habían dado en adopción. ¡Y ya no tenía perra! Según la perrera, ya la habían dado en adopción. A mí no se me hizo algo creíble que de un día para otro, y exactamente ella”, cuestiona el hombre.
Mayolo no da crédito. Le gana la tristeza, afirma que La Negra no era sólo un animal, sino una integrante de su familia y parte de su vida. El hombre teme que La Negra sea una más de las víctimas animales que el CCC se lleva a la perrera y sacrifica.
“Yo veo cómo los agarran y el odio con que lo hacen; no debe ser así. Son animales que, la neta para mí, son un ejemplo a seguir porque son más listos que uno y nunca te muerden”, dice Mayolo.
En el municipio de Zitácuaro los operativos se han vuelto una incesante persecución contra los perros. El ayuntamiento utiliza a personal y unidades de Protección Civil, Bomberos y hasta de la Policía para atrapar a los animales.
Confirman brutalidad
En el interior del ayuntamiento, una persona del operativo —quien pidió el anonimato— se manifestó contra esa práctica y acusó de crueldad animal directamente al alcalde Carlos Herrera Tello y a un empleado del CCC de nombre Armando Orihuela.
Señaló que el trato de Orihuela “es brutal, porque él goza con el sufrimiento del animal. Inclusive toda la gente lo dice. Que era muy bruto para agarrar a los animales, que los lastimaba mucho para poder maniobrar sobre ellos”.
Las instrucciones precisas eran del presidente municipal, de que perro que se viera en la calle se levantara y lo sacrificaran”, reveló el trabajador.
Explicó que el ayuntamiento decidió hacer las redadas en las noches, porque en el día los habitantes al ver la crueldad con la que eran tratados los perros se les echaban encima, y en algunas ocasiones hasta confrontaban.
“Como que son personas que no están capacitadas para hacer ese tipo de trabajo; porque a un perro que se escondió le pegaron, le aventaron piedras. Con el bastón lo agarraron del cuello y lo aventaron a la camioneta”, detalla Felipe Eduardo Mendoza Pichardo, maestro de primaria y vecino de la colonia Independencia, quien fue testigo de la violencia con que los operativos caninos capturan a los animales.
Mendoza Pichardo recuerda que aquella vez le llamó la atención que en la acción hubiera camionetas y elementos de Protección Civil y de la Policía Municipal en apoyo al personal del CCC, responsable de los operativos.
El profesor mencionó que los oficiales reconocieron que del ayuntamiento los había mandado y que aunque ése no es su trabajo, aquel día los habían mandado a eso. “De hecho, yo le comenté al oficial que luego aquí pasan cosas, le hablan a la patrulla y no viene, pero cómo para venir por unos perros sí”.
Las redadas nocturnas
El director del Centro de Control Canino, Álvaro González López, fue buscado en sus oficinas en la colonia La Gironda, pero se negó a hablar. El funcionario argumentó que su jefe directo, Carlos Hurtado Casado, director de Servicios Públicos “no le dio permiso de dar entrevistas”. El presidente municipal, Carlos Herrera Tello, fue inlocalizable.
En el CCC, el personal no permitió tomar fotografías o video del interior, porque reconocieron que los espacios donde tienen a los canes estaban en malas condiciones, “porque no nos han mandado pipas para lavar”, justificaron.
El único funcionario municipal que sí habló del tema fue José Luis Pérez Bernal, comandante de Protección Civil y Bomberos del municipio, quien confirmó su participación y la de la Policía local en esos operativos nocturnos.
“Nosotros, esos operativos los hacíamos en las noches y no se distraían [de las labores de auxilio] porque nosotros andábamos con ellos [SSP y CCC], pero si en ese momento llegase a pasar una emergencia, la unidad se salía de ahí”, afirma Pérez Bernal, quien agrega que las redadas no duraban toda la noche, sino una o dos horas a lo mucho.
“Decidimos que se iba a apoyar a Control Canino, pero con la condición de que si los perros se recogían y los dueños no iban por los animales, no se iban a sacrificar; se iban a dar en adopción donde la gente quisiera”, aclara.
Por su parte, la activista animalista América Arias García explica que el cúmulo de desapariciones de canes y el incremento de solicitudes de búsqueda que les llegaron fue la primera alerta de los operativos que las autoridades estaban realizando.
Con prueba en mano, afirmó que los perros sacrificados son tirados en el basurero municipal y que eso ya se convirtió en un problema de salud grave.
La activista asegura que a pesar de los acuerdos con las autoridades municipales, no fueron avisados como asociación animalista de esas redadas y no hubo información al respecto.
“No tenemos conocimiento de cuántos perros con o sin dueño se llevaron y cuáles fueron las causas. Ellos [CCC] argumentan que se llevaron perros bajo reporte, pero ¿tendrán el reporte de todos esos perros?”, cuestionó Arias García, quien lamentó también que, por otro lado, la ciudadanía no acuda a las autoridades estatales a hacer la denuncia.
¿Qué dice la ley?
La Procuraduría General de Justicia del Estados (ahora Fiscalía General del Estado) indicó que durante 2018 en Michoacán se presentaron 27 denuncias por maltrato animal y 25 por crueldad.
En tanto, el Poder Judicial informó —sin dar detalles— que de esas 52 denuncias penales por maltrato y/o crueldad animal sólo se judicializaron cinco casos. De éstos, dos llegaron a acuerdo de reparación; dos más se desistieron y sólo en uno se le dictó vinculación a proceso al presunto implicado, y el juicio se encuentra en etapa intermedia.
Los artículos 309, 310 y 311 del Código Penal de Michoacán establecen castigos y penalidades aplicables por delitos de violencia contra los animales.
Refiere que comete crueldad contra los animales “quien infringe daño físico a un animal, que no constituya plaga ni peligro para la salud o vida humana, con el único fin de lastimarlo o privarlo de la vida, y se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de 50 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
“En el caso de maltrato animal se impondrá una sanción de seis meses a un año de prisión y multa de 20 a 200 veces el valor diario de la UMA”.

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