Héctor Octavio Morales Juárez realiza recorrido por juzgados penales y salas de oralidad de Uruapan

Uruapan, Michoacán, 28 de junio de 2019. Con el objetivo de mantener un contacto directo con el personal encargado del servicio de impartición de justicia en Michoacán, el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial de Michoacán Héctor Octavio Morales Juárez realizó un recorrido en Uruapan por el juzgado penal, las salas de oralidad en que se realizan audiencias y juicios orales penales, así como el juzgado de ejecución de sanciones penales.
Al entablar comunicación con los servidores públicos de las diversas categorías de la carrera judicial escuchó sobre las necesidades y les externó que el Consejo del Poder Judicial mantiene los esfuerzos para dar respuesta positiva a las necesidades de los más de 223 juzgados y oficinas administrativas que se ubican en todo el estado de Michoacán y en los que laboran alrededor de 2,100 personas.
Lo anterior, debido a que una de las mayores responsabilidades del máximo órgano administrativo institucional es tomar todas aquellas medidas que estime pertinentes –y que el presupuesto permita- para aportar a la buena marcha de la administración de justicia.
Durante su visita a los diversos espacios, el magistrado presidente conoció los trabajos de mejoramiento y mantenimiento que se llevan a cabo en las salas de oralidad penal y oficinas de administración para una adecuada atención a los usuarios de los servicios, así como los espacios que albergan el juzgado penal del sistema inquisitivo mixto y el de ejecución de sanciones penales.
En ese sentido, recordó que basados en la estadística judicial y en los requerimientos de Uruapan, los integrantes del Consejo determinaron el cierre del juzgado segundo penal y la apertura en febrero pasado de un tercer juzgado especializado en materia familiar, con lo cual se aporta a dar agilidad a la resolución de los asuntos.
El Poder Judicial de Michoacán mantiene los esfuerzos para que se cuente con más y mejores espacios para el personal que desarrolla su labor en órganos jurisdiccionales y oficinas administrativas, así como para el justiciable, reiterando lo relacionado con el presupuesto del mismo.

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