77 municipios michoacanos nunca han sido objeto de revisión por la ASF

América Juárez Navarro

Morelia, Mich., De 113 municipios que tiene Michoacán, 36 de ellos que representan el 31.9%, han sido revisados en por lo menos una ocasión por la Auditoría Superior de la Federación en un periodo de 17 años, sin embargo, 77 municipios que representan el restante 68.1% nunca han sido objeto de revisión, señaló Silvia Estrada ex secretaria de la Contraloría del Estado, al participar en las comparecencias que tuvieron lugar este viernes en el Congreso del Estado.

La también ex diputada local y jefa regional por Lázaro Cárdenas, dio datos reveladores a partir de la consideración de las auditorías practicadas al Grupo Funcional de Gasto Federalizado, en los Ramos Generales 23, 33 y otros, por la ASF y al respecto refirió que 77 municipios en ninguna sola ocasión han sido auditados.

“De los 113 municipios que tiene Michoacán, 77 de ellos que representan el 68.1% no han sido auditados en ninguna Cuenta Pública lo que se considera de acuerdo con los puntos de corte una nula fiscalización, 29 de ellos que representan el 25.7% han sido auditados entre 1 y 5 veces lo que representa una baja fiscalización, 4 de ellos que representan el 3.5% fueron fiscalizados entre 6 y 10 veces lo que representa una fiscalización intermedia y 3 de ellos que representa el 2.7% fueron fiscalizados en más de 10 ocasiones”.

En este tenor refirió que siete municipios han reincidido en auditorías, Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Zitácuaro, Hidalgo, Tacámbaro y Turicato son los que han recibido más auditorías en materia de gasto federalizado.

Ya en su plan de trabajo, sostuvo que se busca optimizar las áreas de oportunidad del personal con el que se cuente certificado, calificado y especializado en ciertas materias, y contar con 100% auditores certificados, lo que implicaría operar el Servicio Civil de Carrera.

Además de implementar con mayor impulso las auditorias de evaluación al desempeño, concatenadas a sus leyes de ingresos y presupuestos de egresos, que permitan la evaluación de políticas y programas públicos, de los entes fiscalizados, e impulsar mayormente la cultura preventiva que prioritariamente de enfoque al cumplimiento normativo de las obligaciones.

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